¿Qué está sucediendo en México con el Poder Judicial?

En los últimos meses, México ha sido testigo de un proceso sin precedentes: la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Este esfuerzo inédito busca democratizar y transparentar uno de los pilares fundamentales del Estado, marcando un punto de inflexión en la historia reciente del país. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. El proceso ha enfrentado diversos desafíos legales y políticos que han puesto a prueba la capacidad de las instituciones para adaptarse a una reforma de esta magnitud. Este análisis detalla los eventos clave, el contexto histórico y las implicaciones futuras de este ambicioso proyecto.

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Contexto y origen del proceso

La democratización de la elección de los miembros del Poder Judicial no es una idea nueva. Durante años, académicos, organizaciones civiles y actores políticos han señalado la necesidad de reformar un sistema judicial que, a menudo, ha sido criticado por su opacidad, falta de independencia y vínculos con intereses particulares. Este proceso representa el primer intento de implementar un modelo de selección basado en méritos y participación ciudadana a gran escala. Su objetivo principal es restaurar la confianza pública en una institución que desempeña un papel central en la consolidación del Estado de derecho en México.

El 7 de enero de 2025, el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspendió sus actividades en cumplimiento de una sentencia emitida por un tribunal en Michoacán. La paralización del proceso generó incertidumbre y encendió un debate sobre los límites de las competencias judiciales en relación con los procesos democráticos. Esta pausa evidenció las tensiones entre los diferentes niveles de gobierno y destacó la importancia de garantizar la continuidad de iniciativas clave para la reforma institucional.

Intervención del tribunal electoral

En respuesta a la suspensión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el 23 de enero de 2025 la reactivación inmediata del proceso de selección. Según el TEPJF, la medida inicial violaba la Constitución al obstaculizar el derecho ciudadano a participar en un proceso democrático y justo. Además, estableció un plazo de 24 horas para que el Comité de Evaluación retomara sus labores, advirtiendo sobre posibles sanciones penales contra el juez que emitió la suspensión. Esta decisión reafirmó el compromiso del Tribunal Electoral con la defensa de los principios democráticos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la intervención del TEPJF y criticó a la Suprema Corte por permitir la suspensión inicial del proceso. Sheinbaum subrayó la importancia de respetar el calendario electoral y expresó su confianza en que el Comité de Evaluación cumpliría con el plazo del 31 de enero para presentar las listas de candidatos finalistas. Sus declaraciones reflejaron el compromiso del Ejecutivo con esta reforma judicial, además de destacar las tensiones entre los distintos poderes del Estado en un momento crucial para la democracia mexicana.

Ante la inacción del Comité de Evaluación, el TEPJF emitió una nueva orden el 27 de enero de 2025, esta vez dirigida al Senado de la República. El Tribunal instruyó al Senado para asumir las funciones del Comité y garantizar la continuidad del proceso. Esta medida buscó evitar mayores retrasos y asegurar que las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio se llevaran a cabo según lo planeado. La intervención del Senado reflejó la flexibilidad institucional necesaria para abordar situaciones imprevistas y garantizar la gobernabilidad.

Accesibilidad y participación ciudadana

Con el objetivo de facilitar la participación ciudadana, el Gobierno de México lanzó un micrositio para el registro de aspirantes a jueces, magistrados y ministros. Esta herramienta digital permite a los interesados inscribirse y presentar la documentación necesaria, como acta de nacimiento y credencial del INE vigente. La implementación de este portal ha sido elogiada como un avance significativo hacia la inclusión y la transparencia, permitiendo que un mayor número de ciudadanos se integre en este momento histórico para la justicia mexicana.