El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha expresado preocupaciones sobre la reforma judicial propuesta por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Según Salazar, la elección directa de jueces podría afectar negativamente la relación comercial entre ambos países.
Salazar argumenta que permitir la elección directa de jueces, especialmente con la posibilidad de que esto ocurra en 2025 y 2027, podría poner en peligro la confianza en el sistema judicial mexicano. Esto, a su vez, podría tener un impacto en la relación histórica comercial entre México y Estados Unidos. El embajador señala que estas elecciones podrían facilitar que cárteles y otros grupos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas.
El embajador, con una vasta experiencia en el sistema judicial estadounidense y una formación en Derecho, enfatiza la importancia de un Poder Judicial fuerte para el funcionamiento efectivo de las democracias. En su opinión, cualquier reforma judicial debería incluir medidas que fortalezcan el Poder Judicial y eviten la corrupción política.
Durante sus tres años como embajador, Salazar ha trabajado con los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador para avanzar en la relación entre ambos países, destacando el impacto positivo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la prosperidad y las relaciones comerciales. Sin embargo, él sostiene que la reforma propuesta no resolverá la corrupción judicial ni fortalecerá el Poder Judicial, y podría debilitar la integración económica de América del Norte.
El paro judicial en México
Jueces y magistrados en México han iniciado un paro indefinido en protesta contra la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador.
El paro, que comenzó el 21 de agosto, se debe a preocupaciones sobre la reforma que elimina la carrera judicial para acceder a los cargos de jueces y abre la puerta a la elección popular de los jueces. Los trabajadores del Poder Judicial temen que esta reforma permita que grupos de poder, incluidos los ilegales, influyan en el sistema de justicia.
Juana Fuentes, presidenta del gremio de jueces y magistrados, ha calificado la reforma como una amenaza a la estabilidad constitucional del país, advirtiendo sobre una posible crisis sin precedentes en el tejido social de México. Los trabajadores han decidido suspender sus labores a nivel nacional, atendiendo solo casos urgentes en materia penal.
La reforma propuesta por López Obrador incluye la elección de más de 7,000 jueces y magistrados por voto popular, con elecciones para los ministros de la Suprema Corte programadas para junio de 2025. Aunque el oficialismo ha propuesto más de 100 rectificaciones para apaciguar las reacciones del mercado, los analistas consideran que los cambios no alteran sustancialmente la esencia de la reforma.
López Obrador defiende la reforma como una necesidad para combatir la impunidad y los intereses de la delincuencia organizada. Sin embargo, la propuesta ha generado inquietud entre inversionistas, quienes temen que debilite uno de los contrapesos del Poder Ejecutivo y dañe el clima de negocios en México, incumpliendo compromisos del T-MEC.
“El mercado ha comenzado a reaccionar a la probable aprobación de la reforma, poniendo en riesgo la certeza jurídica para las empresas”, señala Banco Base en una nota a clientes.
