A pocos días de recibir su sentencia en Estados Unidos, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, ha vuelto a captar la atención pública. En una carta enviada desde prisión, García Luna reiteró su inocencia respecto a las acusaciones de narcotráfico por las cuales ya fue declarado culpable por un jurado estadounidense. Además, lanzó duras críticas contra el actual gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de tener presuntos vínculos con líderes del crimen organizado.
El exfuncionario, vinculado al Cártel de Sinaloa, aseguró que tras su arresto en diciembre de 2019, las autoridades le ofrecieron un acuerdo: implicar a diversas personas e instituciones mexicanas en actividades ilícitas. Según García Luna, aceptar ese trato habría afectado gravemente el desarrollo, la estabilidad y la institucionalidad de México. Al negarse a colaborar, afirma que fue sometido a un juicio en el que, según él, no se presentaron pruebas materiales que corroboraran las acusaciones en su contra, tales como documentos, registros financieros, o comunicaciones con miembros del narcotráfico.
En su carta, García Luna también afirmó que existen “registros oficiales” que muestran contactos entre el presidente López Obrador y líderes del narcotráfico, vinculando directamente al gobierno actual con personas involucradas en el juicio que lo declaró culpable. Entre sus afirmaciones, destaca la mención de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, quien fue capturado recientemente. García Luna sostiene que una carta atribuida a Zambada implica directamente al gobierno de López Obrador en actividades delictivas y menciona la supuesta resistencia del gobierno mexicano a detener al capo, así como el debilitamiento del Poder Judicial como evidencia de esos nexos.
En cuanto a su experiencia en prisión, García Luna describió un ambiente hostil donde ha sido testigo de violencia constante, incluyendo homicidios y apuñalamientos. Aseguró que en dos ocasiones se le asignaron compañeros de celda que grabaron más de dos mil horas de conversaciones con el fin de obtener declaraciones que lo incriminaran en actividades ilícitas. Pese a esto, García Luna continúa defendiendo su inocencia, argumentando que no existen pruebas concluyentes que lo involucren en actividades de narcotráfico.
A nivel judicial, la defensa de García Luna solicitó la realización de un nuevo juicio, basándose en el hallazgo de nuevas pruebas que, según ellos, podrían exculparlo. Sin embargo, el juez Brian Cogan, quien supervisa el caso, rechazó la solicitud en agosto de 2023, argumentando que las “nuevas pruebas” eran en su mayoría hechos que ya estaban disponibles antes del juicio o carecían de peso suficiente para justificar un nuevo proceso. Por lo tanto, la solicitud fue denegada y el fallo definitivo de la sentencia está programado para el 9 de octubre de 2023.
García Luna, quien residía en Estados Unidos tras dejar el gobierno mexicano en 2012, enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Fue declarado culpable de cinco cargos, entre ellos tráfico internacional de cocaína. Según la fiscalía de Nueva York, el exfuncionario protegió al Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de sobornos millonarios que permitieron el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos. Su arresto en Dallas, Texas, en 2019 marcó el inicio de un proceso judicial que ha destapado uno de los casos más notorios de corrupción y narcotráfico en la historia reciente de México.
Además de los cargos por narcotráfico, el gobierno de México ha solicitado su extradición para enfrentar cargos adicionales por malversación de fondos públicos. Mientras tanto, otro de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue arrestado en julio de 2023 en El Paso, Texas, junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, durante un operativo en un aeródromo privado.
Este caso ha generado un intenso debate en México, donde la lucha contra el narcotráfico y la corrupción sigue siendo uno de los principales retos. Las acusaciones de García Luna contra el actual gobierno, junto con la percepción pública de la impunidad que ha caracterizado a altos funcionarios en el pasado, contribuyen a aumentar la tensión en un país donde la violencia y el crimen organizado continúan siendo una amenaza constante para la paz y el desarrollo.
